Diputada Delia Enríquez presenta iniciativa para proteger a hijos e hijas de personas en reclusión en Durango

Durango, Dgo. — En un esfuerzo por visibilizar y atender a uno de los sectores más invisibilizados de la sociedad, la diputada local Delia Enríquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, con el objetivo de garantizar el acompañamiento y la atención integral a las hijas e hijos de personas privadas de la libertad.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, Enríquez expresó que esta propuesta forma parte del compromiso de la Cuarta Transformación con el humanismo mexicano y la justicia social, pilares que buscan eliminar desigualdades estructurales en todos los niveles.

“En Durango, miles de niñas, niños y adolescentes viven las consecuencias emocionales, económicas y sociales de tener a uno o ambos padres en reclusión. Una situación que rara vez se aborda desde la política pública y que los mantiene en condiciones de precariedad e incertidumbre”, afirmó la legisladora.

Contexto de la problemática

De acuerdo con datos oficiales, Durango ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en la tasa de mujeres en situación de reclusión, con cerca de 26 mujeres privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes. Esta cifra coloca al estado en una posición crítica, especialmente por el impacto que la reclusión femenina tiene en sus hijos e hijas, muchas veces menores de edad que quedan bajo el cuidado de familiares, instituciones o incluso en situación de abandono.

“Las mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones de desigualdad y discriminación, y sus hijas, además del dolor de la separación, arrastran el estigma social. Se trata de una cadena de vulnerabilidades que debemos romper”, puntualizó Enríquez.

¿Qué propone la iniciativa?

La reforma presentada por la diputada busca que el Estado de Durango garantice el derecho a una vida digna para los menores afectados por la reclusión de sus progenitores, a través de los siguientes ejes:

• Atención psicológica y emocional especializada, que permita mitigar los efectos del estrés, la ansiedad y la depresión que comúnmente desarrollan estos menores.

• Prevención de la discriminación y estigmatización, tanto en espacios educativos como comunitarios, para asegurar su inclusión plena.

• Acceso garantizado a servicios médicos, educativos y de alimentación, con apoyos económicos en casos de necesidad.

• Estrategias de integración social y acompañamiento familiar, incluyendo el fortalecimiento de los vínculos afectivos con sus padres o madres reclusos, siempre en condiciones de dignidad y respeto a los derechos de la infancia.

Además, se contempla un enfoque diferencial con perspectiva de género, reconociendo que las hijas de mujeres reclusas enfrentan desafíos específicos que requieren atención particular.

Un llamado al Congreso y a la sociedad

En su intervención, Enríquez hizo un llamado a sus compañeros legisladores para respaldar esta iniciativa, apelando al principio de que los derechos de las infancias son el bien jurídico tutelado más importante del Estado.

“Una niña o un niño que crece feliz, acompañado, y con oportunidades, es un adulto menos propenso a incurrir en conductas antisociales. Esto no es un simple acto de buena voluntad, es una inversión en paz social y en desarrollo humano”, subrayó.

Asimismo, la legisladora enfatizó que muchas veces una visita dominical en el CERESO, una mirada entre madre e hija, o entre padre e hijo, puede tener un impacto emocional más profundo que cualquier reducción de sentencia. “El Estado debe asegurar que esas conexiones humanas se mantengan vivas y fortalecidas, porque también son parte del proceso de rehabilitación y reconstrucción del tejido social”.

Una propuesta en sintonía con la justicia social

La iniciativa se enmarca dentro de los principios de irrenunciabilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos, y reconoce que la reclusión de una persona no debe traducirse en la condena silenciosa de sus hijos e hijas a una vida de carencias y marginación.

Con esta propuesta, Delia Enríquez busca abrir la puerta a una nueva política de cuidado integral para quienes, sin culpa alguna, nacieron en una situación de vulnerabilidad extrema. “No se trata solo de justicia legal, se trata de justicia social, de humanidad y de dignidad”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y discusión.