Baja California Sur registra 211 fosas clandestinas en cinco años
Colectivos de búsqueda reportan 211 entierros ilegales en Baja California Sur entre 2021 y 2026, mientras crece la cifra de personas desaparecidas.
Entre 2021 y julio de 2026, Baja California Sur ha registrado el hallazgo de 211 entierros ilegales en diversas zonas de la entidad, un fenómeno que contrasta con la imagen de destino turístico seguro promovida por las autoridades estatales. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han documentado estos hallazgos, subrayando que la problemática persiste a pesar de los anuncios gubernamentales sobre inversiones en tecnología y seguridad pública.
El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío ha destacado recientemente la implementación de nuevos presupuestos destinados al fortalecimiento de las corporaciones locales y la adquisición de herramientas tecnológicas para el monitoreo estatal. No obstante, los registros de organizaciones civiles señalan una deuda de mil 208 personas desaparecidas en el estado, una cifra que mantiene en alerta a las familias y organizaciones dedicadas a la localización de víctimas.
La disparidad entre los recursos destinados a la modernización de la infraestructura turística y los fondos asignados a las comisiones estatales de búsqueda ha generado críticas por parte de los familiares de las víctimas. Los colectivos sostienen que el presupuesto actual resulta insuficiente para cubrir las necesidades operativas de los peritos y el personal especializado necesario para procesar los sitios donde se localizan restos humanos.
Por su parte, el gobierno estatal ha propuesto incrementar la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República para mejorar los protocolos de búsqueda. Las autoridades han manifestado la intención de fortalecer las mesas de trabajo con los colectivos, con el fin de avanzar en la identificación de restos y en la atención integral a las familias afectadas por la violencia.
La situación en Baja California Sur refleja un desafío estructural que involucra tanto a las autoridades municipales como a las estatales en su lucha por contener la inseguridad. Mientras los proyectos de desarrollo económico continúan en marcha, la sociedad civil mantiene una presión constante para que la crisis de desapariciones sea tratada como una prioridad dentro de la agenda pública del estado.
