Cuestionan criterios de la FAA sobre seguridad aérea en México
Especialistas y autoridades mexicanas señalan la doble moral en los procesos de evaluación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.
La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos enfrenta críticas por sus mecanismos de supervisión y calificación aplicados a diversos países, incluyendo a México, donde el sector aéreo ha cuestionado la objetividad de estas auditorías. En el contexto actual de julio de 2026, el debate se centra en si las evaluaciones de la agencia estadounidense funcionan como un estándar técnico imparcial o como una herramienta de presión política que ignora las propias deficiencias del sistema aeronáutico norteamericano.
Voces del sector aeronáutico nacional han señalado que la FAA mantiene una postura de vigilancia externa que no siempre refleja una reciprocidad en las auditorías de seguridad. Mientras la agencia exige estrictos controles a las autoridades mexicanas y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, críticos argumentan que Estados Unidos debería priorizar la resolución de sus propios incidentes internos y fallas tecnológicas antes de fungir como supervisor global de la aviación comercial.
La postura oficial del gobierno mexicano ha buscado mantener canales de diálogo diplomático a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para garantizar que las evaluaciones técnicas se mantengan alejadas de intereses geopolíticos. La propuesta que circula en diversos foros especializados sugiere la creación de un mecanismo de evaluación multilateral, donde los estándares de seguridad no dependan de la potestad unilateral de una sola nación, sino de organismos internacionales que garanticen equidad para todos los estados miembros de la OACI.
Finalmente, el sector mantiene una postura cautelosa ante la posibilidad de que futuras calificaciones sean utilizadas como medidas de coerción comercial. La industria aérea nacional continúa trabajando en el cumplimiento de los protocolos internacionales, subrayando que la seguridad aérea es una responsabilidad compartida que requiere transparencia total y no una dinámica de subordinación política entre las agencias supervisoras y los países evaluados.
