Cuestionan uso de vuelos privados por la gobernadora Mara Lezama
El uso de aeronaves privadas por parte de la gobernadora de Quintana Roo ha generado señalamientos sobre posibles conflictos de interés con proveedores estatales.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, enfrenta cuestionamientos públicos tras detectarse el uso recurrente de aeronaves privadas para traslados oficiales y personales. Diversos sectores han puesto el foco en la relación entre los propietarios de dichas aeronaves y empresas que mantienen contratos activos con la administración estatal, lo que ha derivado en peticiones de mayor transparencia sobre el origen y la gestión de estos servicios de transporte aéreo.
Especialistas en fiscalización señalan que, aunque la normativa permite el uso de recursos privados para actividades personales, la cercanía entre el prestador del servicio y el padrón de proveedores del gobierno estatal complica la justificación de los gastos. Acreditar que el pago salió de una cuenta personal es solo el primer paso, pero no despeja automáticamente las dudas sobre posibles beneficios indebidos o tratos preferenciales hacia contratistas que dependen de la administración pública para sus operaciones comerciales.
Desde el equipo de comunicación de la gubernatura se ha reiterado que todos los traslados realizados bajo la gestión actual se apegan a los lineamientos de austeridad y transparencia vigentes. Argumentan que los servicios contratados por la mandataria estatal cumplen con la normativa fiscal y que no existen elementos que vinculen los contratos públicos con los servicios de transporte privado, calificando los cuestionamientos como parte de una estrategia de desgaste político sin sustento documental.
Por su parte, organismos de la sociedad civil y grupos de vigilancia administrativa han solicitado formalmente que se audite la bitácora de vuelos y los contratos de las empresas involucradas. El objetivo es determinar si existe un vínculo directo entre las concesiones otorgadas por el gobierno de Quintana Roo y las facilidades logísticas otorgadas a la funcionaria, garantizando así que no se utilicen recursos públicos ni se vulneren los principios de equidad en las contrataciones estatales.
La controversia ocurre en un momento en que la transparencia en el gasto gubernamental es una demanda constante en la agenda pública de la entidad. Mientras la administración estatal sostiene que la documentación está disponible para los órganos fiscalizadores correspondientes, la opinión pública mantiene la exigencia de esclarecer si estas prácticas representan una falta a la ética administrativa o un ejercicio regular dentro de las funciones de la gobernadora.
