Empujar un auto averiado en la vía pública: ¿es legal en México?
Ante fallas mecánicas en calles mexicanas, surge la duda sobre la legalidad de empujar vehículos para moverlos a un lugar seguro.
Es muy probable que alguna vez haya sido testigo de una escena cotidiana en las vialidades mexicanas: un conductor realizando maniobras de empuje para retirar su vehículo averiado de la circulación. Aunque esta práctica es frecuente ante fallas mecánicas imprevistas, muchos automovilistas desconocen si existe una prohibición expresa en los reglamentos de tránsito locales que sancione esta acción en situaciones de emergencia.
En el contexto de la normativa mexicana, los reglamentos de tránsito municipales y estatales priorizan la seguridad vial y la fluidez del tráfico. De acuerdo con las disposiciones vigentes en la mayoría de las entidades federativas y bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, empujar un vehículo para ponerlo a resguardo tras una falla no se considera una infracción, siempre y cuando se realice con las debidas precauciones para no poner en riesgo la integridad del conductor o de otros usuarios.
El factor determinante es la seguridad. Las autoridades de tránsito recomiendan que, ante una descompostura, el conductor utilice las luces de emergencia, coloque los triángulos de seguridad o dispositivos reflectantes y, si es posible, solicite apoyo para mover el auto hacia el acotamiento o la banqueta más cercana. La omisión de estas medidas preventivas es lo que suele derivar en sanciones, más que el hecho mismo de empujar la unidad.
Si bien la ley no prohíbe salvaguardar un vehículo varado, sí sanciona el abandono de unidades en carriles de circulación que obstruyan el libre tránsito. Por tanto, mover el vehículo por cuenta propia es una medida reconocida como necesaria para evitar accidentes mayores y reducir las afectaciones viales en arterias de alta carga vehicular.
En caso de que el vehículo no pueda ser movido con esfuerzo humano, los reglamentos instan a solicitar el servicio de grúas autorizadas. Es fundamental que los ciudadanos verifiquen que las empresas de arrastre cuenten con los permisos vigentes emitidos por las autoridades municipales o estatales, evitando así abusos en las tarifas o prácticas irregulares durante la asistencia en carretera.
