FGR vincula a proceso a Aguirre Rivero por destruir evidencia de Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, derivado de una investigación por la presunta destrucción y ocultamiento de evidencia visual vinculada al caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Según las autoridades ministeriales, el exmandatario estatal habría ordenado la eliminación de grabaciones de cámaras de seguridad que registraron movimientos clave durante la noche de los hechos en Iguala.

El Ministerio Público Federal señaló que esta acción constituye un delito grave contra la administración de justicia y la investigación de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con las pruebas presentadas ante el juez de control, la omisión y manipulación de estos archivos digitales impidió el esclarecimiento inmediato del paradero de los jóvenes y obstaculizó la labor de las autoridades federales en los meses posteriores a la crisis ocurrida en septiembre de 2014.

La defensa legal de Aguirre Rivero ha sostenido que las acusaciones carecen de sustento técnico, argumentando que las fallas en el sistema de videovigilancia fueron producto de desperfectos técnicos y no de una instrucción deliberada. No obstante, el órgano investigador reafirmó que cuenta con testimonios y pruebas periciales que apuntan a una cadena de mando que buscaba encubrir las acciones de las corporaciones locales de seguridad en la región.

Este proceso judicial se suma a los esfuerzos de la FGR por cerrar los expedientes pendientes sobre la desaparición forzada en Guerrero, bajo la supervisión de los organismos internacionales de derechos humanos. Por el momento, el exgobernador enfrentará el proceso bajo medidas cautelares que le impiden abandonar el país, mientras el Ministerio Público continúa con la integración de nuevas líneas de investigación que involucran a otros funcionarios públicos de la administración estatal anterior.

El caso ha generado diversas reacciones entre los colectivos de padres de los estudiantes, quienes han exigido que las sanciones alcancen a todos los niveles de responsabilidad gubernamental involucrados. Se espera que en las próximas semanas se lleven a cabo audiencias complementarias para determinar la responsabilidad penal directa del imputado en la alteración de la escena de los hechos.