Gobierno federal analiza propuesta para gravar dispositivos electrónicos en México

La Secretaría de Cultura, en colaboración con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), trabaja en una propuesta legislativa para aplicar una tarifa de hasta el 2% sobre el valor comercial de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas y unidades de memoria USB. El objetivo planteado por las autoridades es establecer un mecanismo de compensación por copia privada, argumentando la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual de los creadores en el entorno digital.

Esta iniciativa busca equiparar la legislación mexicana con estándares internacionales que consideran que, al tener la capacidad de almacenar obras protegidas por derechos de autor, estos equipos generan un impacto económico directo en los titulares de dichas creaciones. La propuesta se encuentra en una fase de diseño y requiere la aprobación del Congreso de la Unión para integrarse dentro del marco fiscal del país, siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la encargada de evaluar su viabilidad técnica y recaudatoria.

Diversos sectores de la industria tecnológica y organismos empresariales han expresado inquietudes sobre el posible encarecimiento de los dispositivos electrónicos para los consumidores finales. Argumentan que un gravamen adicional podría desincentivar la adquisición de herramientas digitales esenciales para la educación y el trabajo, además de afectar la competitividad del mercado tecnológico nacional frente a importaciones globales.

Por su parte, el equipo de trabajo de las instituciones proponentes ha señalado que el esquema de recaudación aún no ha sido definido en su totalidad. Se contempla que los recursos obtenidos sean canalizados hacia fondos de apoyo para la creación artística y cultural, aunque esta medida aún debe ser objeto de debates parlamentarios y consultas públicas antes de cualquier implementación formal.

La posibilidad de este nuevo impuesto ha generado una intensa discusión sobre su impacto en la economía familiar y el acceso a la tecnología. Mientras se definen los alcances legales, el proyecto permanece como una propuesta sujeta a modificaciones y al escrutinio del Poder Legislativo, el cual deberá determinar si esta tarifa es compatible con la actual política económica del país.