Persisten deficiencias en la atención a madres y niños en cárceles mexicanas
Un informe de la CNDH revela que 308 menores viven junto a sus madres en centros penitenciarios estatales, enfrentando carencias en servicios básicos.
Un diagnóstico reciente elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha puesto de relieve la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 308 niñas y niños que residen junto a sus madres en diversos centros penitenciarios de México. El estudio detalla que, en al menos 66 penales estatales, se han detectado deficiencias estructurales y administrativas que afectan directamente el desarrollo y la atención integral de los menores de edad que permanecen bajo custodia junto a sus progenitoras.
El reporte subraya que, en aproximadamente 72 centros de reclusión, se encuentran recluidas 306 mujeres que ejercen la maternidad en condiciones de confinamiento. Según los hallazgos de la CNDH, la infraestructura carcelaria en estas entidades no garantiza los estándares mínimos necesarios para asegurar el interés superior de la niñez, destacando carencias significativas en rubros como la alimentación especializada, servicios de salud pediátrica y espacios adecuados para la recreación infantil.
La problemática alcanza niveles críticos en diversos estados, donde la falta de protocolos unificados dificulta el acceso de los menores a servicios de educación básica y atención médica continua. Ante este escenario, diversos organismos de la sociedad civil han hecho un llamado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a las direcciones de los sistemas penitenciarios estatales para implementar mejoras urgentes en el trato digno y la protección de los derechos humanos de esta población infantil.
La CNDH ha emitido recomendaciones para que las autoridades penitenciarias refuercen los mecanismos de supervisión y aseguren que los entornos de reclusión sean lo menos perjudiciales posible para el desarrollo de los niños. Si bien algunos gobiernos estatales han expresado su disposición para revisar las condiciones de las áreas maternales dentro de los reclusorios, las organizaciones civiles insisten en que se requiere una política pública integral que garantice la atención médica y el bienestar emocional de los menores que, por razones de fuerza mayor, habitan en estos centros de readaptación social.
