Restricción de celulares en escuelas requiere protocolos claros de implementación
Especialistas advierten que limitar el uso de dispositivos móviles en aulas mexicanas demanda reglas precisas sobre resguardo y responsabilidad escolar.

La implementación de restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas de México requiere la creación de protocolos de actuación claros y definidos para evitar conflictos administrativos y legales, según señaló el especialista Marco Fernández este martes. El experto subrayó que las autoridades educativas deben establecer lineamientos precisos para garantizar la seguridad de los dispositivos, abordando dudas fundamentales sobre quién asumirá la responsabilidad ante posibles daños, extravíos o situaciones de robo dentro de las instalaciones escolares.
Aunque la propuesta busca mejorar el aprovechamiento académico y reducir las distracciones en el salón de clases, el análisis de Fernández destaca que la prohibición por sí sola es insuficiente. Se hace necesaria una coordinación estrecha entre la Secretaría de Educación Pública, los directivos escolares y los padres de familia para que los mecanismos de resguardo sean funcionales y no afecten la dinámica diaria del personal docente ni la seguridad de los alumnos.
En el debate actual, se ha planteado que los reglamentos deben contemplar excepciones necesarias, como emergencias médicas o necesidades pedagógicas específicas, para no entorpecer la labor educativa. La falta de un marco normativo estandarizado a nivel nacional podría generar una aplicación dispar de la medida, donde cada plantel determine sus propias reglas, lo que complicaría la rendición de cuentas ante la comunidad escolar.
Finalmente, la discusión se traslada a la necesidad de capacitar a los docentes sobre cómo gestionar la transición hacia entornos libres de distractores digitales. El especialista enfatizó que la política pública debe ir acompañada de una estrategia de comunicación clara para los tutores, asegurando que cualquier medida implementada cuente con los protocolos de protección de datos personales y seguridad física de los bienes de los estudiantes.


