Vinculan a proceso a tres integrantes de la Fuerza Anti Unión

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra tres presuntos integrantes de la organización delictiva conocida como Fuerza Anti Unión, tras ser señalados por su probable participación en el delito de extorsión agravada. La resolución judicial se derivó de las investigaciones presentadas por el Ministerio Público Federal, que vinculan a los imputados con actividades ilícitas cometidas en diversas zonas de la capital del país.

De acuerdo con la información oficial, dos de los tres procesados se encuentran actualmente recluidos en centros federales de readaptación social ubicados en los estados de Nayarit y Coahuila. Ambos individuos ya cumplían sentencias previas o enfrentaban procesos legales por delitos contra la salud, lo que motivó que su comparecencia ante la autoridad judicial se realizara mediante videoconferencia para garantizar la continuidad del procedimiento penal.

La Fiscalía General de la República presentó pruebas que presuntamente vinculan a los detenidos con el cobro de cuotas ilegales a comerciantes y empresarios, bajo amenazas de violencia física. Las investigaciones apuntan a que los imputados formaban parte de una estructura operativa dedicada a la extorsión y el control de plazas en puntos específicos de la Ciudad de México, ejerciendo presión sobre los sectores productivos locales.

El juez de la causa otorgó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual la defensa y la fiscalía podrán recabar mayores elementos de prueba para fortalecer sus respectivas posturas. Mientras tanto, los tres implicados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de sustracción de la justicia que representan.

Este proceso forma parte de las acciones coordinadas entre las autoridades federales y locales para desarticular las células criminales que operan en el centro del país. Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar con el desmantelamiento de los grupos que afectan la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía, mediante el fortalecimiento de las investigaciones y el uso de las herramientas legales vigentes en el sistema penal acusatorio.