Siete de cada diez autos en CDMX circulan sin seguro vigente
A pesar de la obligatoriedad legal vigente desde hace siete años, solo tres de cada diez vehículos en la capital cuentan con una póliza de responsabilidad civil.
En la Ciudad de México, el cumplimiento del seguro de responsabilidad civil para vehículos particulares enfrenta un rezago persistente. A siete años de que esta medida fuera establecida como obligatoria en el Reglamento de Tránsito capitalino, las cifras indican que apenas el 30 por ciento del parque vehicular cuenta con una póliza vigente, dejando a la gran mayoría de los automovilistas en una situación de vulnerabilidad legal y financiera ante posibles percances viales.
La norma establece que todo vehículo que circule en vías, puentes y carreteras de jurisdicción local debe contar con un seguro que cubra al menos los daños a terceros, tanto en sus bienes como en sus personas. Sin embargo, la falta de una cultura de prevención y la ausencia de operativos constantes de verificación han provocado que la disposición sea ignorada por la mayoría de los conductores que transitan diariamente por las calles de la capital.
Especialistas en movilidad señalan que la falta de cobertura representa un riesgo significativo para los involucrados en incidentes de tránsito. Ante un percance, el conductor sin seguro debe absorber la totalidad de los gastos médicos y la reparación de daños materiales, lo que en muchos casos deriva en disputas legales prolongadas y el deterioro del patrimonio personal del responsable del accidente.
Aunque existen propuestas por parte de diversos sectores para fortalecer la supervisión y vincular la contratación del seguro con trámites vehiculares obligatorios, como el pago de tenencia o la verificación vehicular, estas acciones aún no se han consolidado como una política pública integral. Por el momento, las autoridades mantienen el llamado a los automovilistas para que regularicen su situación, enfatizando que contar con una póliza no es solo un requisito administrativo, sino una medida indispensable para garantizar la seguridad financiera de las familias mexicanas frente a los imprevistos en la vía pública.
